Saltar al contenido
Cultura Democrática
Entrevista · Sociedad civil

“Una declaración conjunta tiene valor, pero su utilidad depende de lo que se haga después”: Joel Brito sobre las lecciones de la concertación cubana

Entrevista a Joel Brito por Micaela Hierro Dori15 de octubre de 2026
Joel Brito

Joel Brito es un sindicalista y activista cubano, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) y representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC). Antes de su exilio formó parte de la alta jerarquía del sindicalismo oficialista cubano, con el que protagonizó una ruptura irrevocable con la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Desde Miami, ha liderado esfuerzos para denunciar las violaciones a los derechos laborales en la isla y promover el sindicalismo libre y democrático. El GIRSCC fue constituido el 10 de mayo de 2005 por un grupo de sindicalistas y activistas de derechos humanos de diferentes países. Su labor incluye capacitar a dirigentes sindicales independientes y trabajadores cubanos, exigir a los inversionistas extranjeros en Cuba el respeto a los convenios de la OIT, denunciar ante organismos internacionales las violaciones laborales y sindicales del gobierno cubano y buscar solidaridad internacional. Brito es una voz habitual ante la OIT en Ginebra, donde ha denunciado el desfase entre el discurso oficial del gobierno cubano y la realidad que vive el pueblo, y en medios independientes, donde ha documentado la falta de protección en accidentes laborales como el del Hotel Saratoga o el trabajo de reclutas del Servicio Militar en condiciones precarias.

MHD: Usted formó parte de la estructura sindical oficial antes de romper con ella. ¿Qué vio desde adentro de la CTC que lo llevó a esa decisión y si ha sido inmediato el nacimiento del GIRSCC o cuál fue su camino para la fundación de dicha organización?

Mi experiencia dentro de la CTC me permitió conocer una contradicción fundamental: una organización que debía defender a los trabajadores estaba subordinada al mismo poder político que determinaba sus salarios, sus condiciones de trabajo y sus posibilidades de reclamar. Cuando los intereses de los trabajadores entraban en conflicto con las decisiones del Gobierno, la prioridad de la estructura sindical era preservar la política del Partido.

La CTC y sus estructuras nacionales, provinciales y municipales forman un aparato burocrático que responde al Partido Comunista de Cuba. Sus propios estatutos reconocen expresamente al Partido como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Aunque esos mismos estatutos proclaman su autonomía, considero que esa subordinación política impide una representación sindical verdaderamente independiente. En la práctica, funciona como una correa de transmisión de las decisiones del poder hacia los trabajadores. Los estatutos aprobados en el XXI Congreso de la CTC permiten comprobar esa contradicción.

Para mí, la representación sindical exige poder cuestionar al empleador, organizar una reclamación y defender al trabajador sin pedir autorización política. Esa convicción explica mi ruptura con el sindicalismo oficial.

En 1997, después de mi salida de Cuba, me incorporé a la Federación Sindical de Plantas Eléctricas en el Exilio, presidida por René L. Díaz, junto a Calixto Campos y Georgina Chirino. Ese fue un primer espacio desde el cual continué trabajando por los derechos de los trabajadores cubanos.

Después de algunos años, decidimos constituir el GIRSCC, fundado en 2005, para complementar ese trabajo y darle una dimensión internacional más amplia. Creamos una organización para apoyar al sindicalismo independiente, capacitar a trabajadores y dirigentes, documentar las violaciones, buscar solidaridad internacional y exigir responsabilidad a quienes invierten en Cuba. La inversión extranjera también debe respetar los derechos laborales y los convenios de la OIT.

MHD: ¿Cuándo y quiénes fundaron ASIC y cómo llegaron a ser referencia del sindicalismo independiente con una presencia sostenida ante la OIT?

ASIC fue fundada en La Habana el 26 de octubre de 2016, como resultado de un proceso de unidad del sindicalismo independiente. En ella confluyeron la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba y el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Ese acercamiento había comenzado en 2005, impulsado por el GIRSCC, y tuvo como etapa intermedia la Coalición Sindical Independiente de Cuba, constituida en 2011.

La fundación fue un esfuerzo colectivo de dirigentes y activistas dentro de la isla. Iván Hernández Carrillo asumió la Secretaría General; María Elena Mir Marrero, la Vicesecretaría General; Alejandro Enrique Sánchez Zaldívar, la Secretaría de Organización, y el hoy fallecido Reinaldo Emilio Cosano Alén, la de Asuntos Laborales y Sindicales, junto con otros compañeros que integraron sus estructuras nacionales y territoriales.

Considero que la credibilidad internacional se construye con constancia, documentación y responsabilidad. Hay que recoger testimonios, contrastar la información, presentar las denuncias por las vías correspondientes y dar seguimiento a cada caso. También ha sido fundamental la solidaridad de organizaciones sindicales de otros países.

El caso 3271 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT es una expresión de esa continuidad. Los informes y recomendaciones sobre el caso 3271 pueden consultarse en NORMLEX, la base oficial de la OIT. Nuestra presencia internacional busca que los trabajadores cubanos tengan una voz independiente y puedan organizarse y defender sus derechos dentro de Cuba, sin sufrir represalias.

ASIC también ha denunciado la infiltración de agentes de la Seguridad del Estado para provocar divisiones, generar conflictos internos y tratar de desintegrar la organización. Es una forma de injerencia que busca destruir desde dentro lo que la represión no consigue eliminar desde fuera.

Esta práctica tiene antecedentes documentados ante la OIT. En el caso 2258, anterior a la fundación de ASIC, el Comité examinó la infiltración de agentes estatales en el movimiento sindical independiente. En el párrafo 531 de su informe de noviembre de 2003 señaló que una publicación del propio periódico Granma corroboraba los hechos denunciados y exigió al Gobierno observaciones detalladas. En ese mismo caso recordó que el Convenio 87 protege el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a desarrollar libremente sus actividades, independientemente de su posición frente al sistema político. Puede consultarse el informe oficial sobre el caso 2258, párrafos 531 y 535.

MHD: ¿Podría compartir en qué iniciativas de diálogo y consenso, qué documentos conjuntos ha participado o firmado y cuáles son sus lecciones aprendidas de dichos espacios? Tanto a nivel personal como institucional el GIRSS y ASIC.

Una experiencia concreta fue Consenso Cubano. En octubre de 2006 figuré, en representación del Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, entre los firmantes de la Propuesta de Agenda Humanitaria para la Familia Cubana. Ese documento reunió a organizaciones de distintas tendencias alrededor de asuntos concretos: la libertad de movimiento, la reunificación familiar, las comunicaciones y el envío de ayuda a las familias.

También formamos parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana. El GIRSCC participó en su fundación, al igual que organizaciones del sindicalismo independiente que posteriormente confluyeron en ASIC. Desde esa trayectoria compartida, ambas instituciones hemos acompañado el trabajo de la Asamblea y suscrito todos los documentos acordados durante nuestra respectiva participación.

Entre las iniciativas de concertación de la Asamblea pueden mencionarse el Acuerdo por la Democracia en Cuba, reafirmado en su constitución en 2009 y en encuentros posteriores, y la Declaración Todos por Cuba Libre de 2018. Otro ejemplo de nuestra participación conjunta es la carta abierta «No se debe abandonar a Ucrania», de enero de 2024, que incluye entre sus firmantes a representantes de ASIC y al GIRSCC, representado por mí.

Una iniciativa más reciente es el Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, en Miami. Fue impulsado conjuntamente por la Asamblea de la Resistencia Cubana y la coalición Pasos de Cambio, con Orlando Gutiérrez-Boronat y Rosa María Payá al frente de ambas plataformas, respectivamente. ASIC figura entre las organizaciones representadas en esta iniciativa.

El acuerdo establece tres pilares para la transición: la reunificación de los cubanos después de décadas de exilio y separación; la prosperidad y el desarrollo humano con garantías de dignidad, derechos y libertades; y la desmilitarización del poder y la superación de las estructuras políticas antidemocráticas y totalitarias. Propone un período transitorio limitado, administrado por un gobierno provisional, que culmine en elecciones libres, justas y multipartidistas. También prioriza la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades de expresión, prensa, asociación y religión.

Para nosotros, la importancia de estos acuerdos está en preparar las condiciones para una democracia en la que los ciudadanos puedan decidir, organizarse y exigir responsabilidades. Los trabajadores deben tener voz propia en esa preparación y en las decisiones económicas y sociales de la transición.

La importancia de esos espacios está en la capacidad de acordar medidas que beneficien a los ciudadanos, aun cuando existan diferencias sobre otros temas. Defender el pluralismo exige aceptar que ninguna persona ni organización posee toda la verdad o puede atribuirse la representación exclusiva de Cuba.

En el ámbito sindical, el proceso que condujo a la creación de ASIC también fue una experiencia de concertación. Unificar organizaciones con trayectorias y liderazgos propios exigió identificar objetivos comunes y construir una estructura compartida para defenderlos.

La lección que extraigo es que los acuerdos necesitan objetivos concretos, responsabilidades y seguimiento. Una declaración conjunta tiene valor, pero su utilidad depende de lo que se haga después. También considero indispensable que la búsqueda de consenso incorpore a quienes trabajan dentro de Cuba y afrontan directamente las consecuencias de la represión.

MHD: Quiero plantearte tres escenarios posibles para Cuba y pedirte tu lectura de cada uno. Primero: que Estados Unidos intervenga y pacte una salida negociada con la familia Castro. Segundo: un escenario de colapso social con aumento de la represión. Y tercero: una transición más reformista y consensuada, facilitada por sectores del propio régimen hoy en el poder. ¿Cómo ves cada uno, cuál te parece más probable y cuál más deseable, y qué papel deberían tener la prensa libre y la libertad religiosa en esa Cuba futura?

Para ASIC y el GIRSCC, una transición que mantenga en el poder a los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo cubano durante estos 67 años no sería un escenario deseable. Una transición democrática implica que los Castro y sus allegados responsables de la represión abandonen el poder y que existan mecanismos de justicia, con debido proceso y garantías para las víctimas.

Respecto al primer escenario, un acuerdo entre Estados Unidos y la familia Castro debe evaluarse por sus resultados. Si preserva el control político, militar y económico de quienes han gobernado Cuba, sería una fórmula de continuidad. Cualquier negociación tendría que conducir a su salida del poder y devolver a los cubanos la capacidad de decidir libremente su futuro.

El colapso social acompañado de mayor represión sería una tragedia para la población. El hambre, los apagones y la destrucción de las condiciones de vida no producen automáticamente democracia. Pueden aumentar la violencia, la emigración y la capacidad del aparato represivo para someter a una sociedad exhausta. No deseamos que los cubanos tengan que sufrir todavía más para conquistar su libertad.

Una salida negociada podría ser deseable si conduce a una ruptura efectiva con la dictadura. Podrían participar sectores de las instituciones actuales que acepten el orden democrático y no sean responsables de crímenes. Pero los responsables de la represión no pueden conservar el mando ni utilizar la negociación para garantizar su impunidad.

Las negociaciones no pueden quedarse a medias: deben conducir a la liberación de los presos políticos, el fin de la represión, el reconocimiento de las libertades fundamentales y elecciones libres, plurales y verificables. Mi valoración es que dictaduras como las de Cuba, Irán y Corea del Norte utilizan las negociaciones para ganar tiempo y preservar su poder. Por eso, cualquier compromiso debe medirse por hechos y plazos concretos.

Nuestra preferencia es una transición pacífica que permita recuperar las libertades con el menor costo humano posible. Sin embargo, si se cierran todos los caminos y el régimen impide cualquier salida democrática, ASIC y el GIRSCC consideramos una opción deseada y factible una intervención militar que remueva del poder a los responsables de la dictadura, proteja a la población y facilite el establecimiento de un orden transitorio con un mandato limitado y un calendario para elecciones libres y democráticas. El propósito debe ser que los cubanos recuperen su soberanía y elijan a sus gobernantes.

En cuanto a lo más probable, me preocupa la prolongación del deterioro acompañada de represión y medidas parciales para conservar el control. Lo más deseable es una transición democrática con los Castro y sus allegados responsables de la represión fuera del poder, instituciones sometidas a la ley y participación efectiva de la ciudadanía.

La prensa libre debe poder investigar, denunciar y fiscalizar a cualquier autoridad, incluidas las autoridades transitorias y el gobierno que resulte de las elecciones. Su independencia será indispensable para esclarecer los abusos del pasado, vigilar la administración de los recursos públicos y evitar nuevas concentraciones de poder.

La libertad religiosa debe proteger el derecho de cada persona a creer, practicar su religión, cambiar de creencias o no profesar ninguna. Las comunidades religiosas deben actuar con autonomía y sin vigilancia ni subordinación política, dentro de un Estado que garantice iguales derechos a creyentes y no creyentes.

Micaela Hierro Dori¿Qué papel debería tener el movimiento obrero en una eventual transición democrática en Cuba? ¿Cómo imagina la relación entre trabajadores, empresarios y Estado en una Cuba democrática, y qué debería pasar con la CTC?

Joel BritoEl movimiento obrero debe participar desde el comienzo en la construcción de la democracia. Las decisiones sobre salarios, pensiones, propiedad, inversión y reorganización de las empresas afectan directamente a los trabajadores. Por tanto, deben tener representación propia en los espacios donde se discutan esas transformaciones.

ASIC ya ha desarrollado esta propuesta en el documento «Visión de futuro del sindicalismo cubano»: hoja de ruta laboral ante la transición democrática, firmado por Iván Hernández Carrillo el 19 de enero de 2026. Su contenido también puede consultarse en el artículo publicado en Cuba Sindical el 24 de enero de 2026.

Esa hoja de ruta propone una Agenda Laboral de Reconstrucción para los primeros 24 meses de transición. Entre sus prioridades están la liberación y reparación de los sindicalistas y trabajadores sancionados por ejercer sus derechos; la eliminación de las normas que impiden el pluralismo sindical; garantías para la constitución y el registro de organizaciones independientes; y una ley laboral transitoria que proteja la negociación colectiva, el derecho de huelga, la seguridad y salud en el trabajo y el acceso a una justicia laboral imparcial.

También plantea crear una Inspección del Trabajo independiente y un Consejo Nacional de Diálogo Social y Concertación, con participación del Estado, los empleadores y las organizaciones de trabajadores. Ese espacio permitiría discutir el salario mínimo, la recuperación productiva, la formalización del empleo, la protección social y la transformación ordenada de las empresas estatales. La propuesta incluye protección de los ingresos, reconversión laboral y mecanismos de verdad, memoria y reparación por las violaciones cometidas en el mundo del trabajo.

Cuba necesita inversión, empresas productivas y una economía capaz de generar empleo y riqueza. También necesita sindicatos independientes que negocien salarios y condiciones de trabajo, defiendan la seguridad laboral y puedan recurrir a mecanismos efectivos de reclamación. La recuperación económica será más sólida si sus beneficios alcanzan a quienes trabajan.

Imagino una relación basada en la autonomía y el diálogo social. Los empresarios deben poder producir e invertir bajo reglas claras; los trabajadores, organizarse y negociar colectivamente; y el Estado, garantizar el cumplimiento de la ley, la protección social y una justicia laboral independiente. Cuando el Estado actúe como empleador, debe someterse a las mismas obligaciones laborales que los demás.

Respecto a la CTC, debe terminar su monopolio de representación y su subordinación al Partido Comunista. Los trabajadores deben poder decidir si permanecen en ella, la transforman o crean otras organizaciones. Cualquier continuidad tendría que depender de afiliación voluntaria, elecciones libres, transparencia financiera e independencia efectiva.

No corresponde a un nuevo gobierno imponer otra central única. Corresponde a los trabajadores elegir a sus representantes. Esa libertad será una de las pruebas más claras de que Cuba ha comenzado a vivir en democracia

Sé parte de la comunidad

Recibe novedades, formaciones, encuentros e invitaciones de Cultura Democrática.

Sostener la memoria también es trabajo

Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba es una iniciativa de Cultura Democrática. Con tu aporte como socio o socia ayudas a que este archivo siga creciendo.

Sé parte de Cultura Democrática